Se acabó el abuso: la ley en Colombia que protege a los estudiantes en esta compleja situación
Estas son las garantías que deben cumplir las instituciones educativas que operan en el país ante los casos de gestación en temprana edad.
En Colombia, cuando niñas o adolescentes menores de edad entran en estado de gestación y aún adelantan sus estudios de formación escolar, las autoridades exigen a las instituciones educativas, públicas o privadas, garantizar el derecho a la educación en medio del embarazo. Por ello, los colegios que contemplen expulsar a las jóvenes en estado de embarazo podrían enfrentar líos legales.
Según la normativa colombiana, sancionar o expulsar a una menor en estado de embarazo es una vulneración a sus derechos fundamentales dado que podría provocarle daños o sufrimientos psicológicos relacionados por su condición de mujer. Por ello, conductas de intimidación, manipulación, amenaza, humillación o aislamiento contra estudiantes gestantes son castigadas por la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la institución debe “garantizar la continuidad del niño, niña o adolescente en el sistema educativo y promover el desarrollo humano y el proyecto de vida del menor a través de la entrega de información necesaria y completa para la toma de decisiones informadas, así como de la oferta de programas y servicios sociales”.
¿Qué otros derechos deben garantizar a las jóvenes embarazadas?
Además de asegurar su cupo en la institución, si esa es su decisión, las instituciones educativas están en la obligación de dar seguimiento al caso, impartir clases de educación sexual y reproductiva, impedir actos discriminatorios en contra de la gestante, flexibilizar los horarios de clase durante el embarazo y la maternidad y, en general, facilitar su acceso a la educación en medio de su condición.
Ahora bien, “en los casos en los que se presente una situación de embarazo adolescente, paternidad y/o maternidad temprana, la institución debe abordar a la o los estudiantes implicados, a los padres de familia y/o acudiente de manera adecuada, así como informar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de la situación”, según informó el Ministerio de Justicia.
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