Cómo será el plan de Colombia con los 1.000 deportados desde Ecuador

En medio de una creciente tensión diplomática con Ecuador, Colombia se alista para recibir aproximadamente a 1.000 ciudadanos colombianos deportados desde cárceles ecuatorianas. Según la Cancillería, sólo 348 de los expulsados han sido plenamente identificados hasta el momento.

El gobierno nacional ha activado un plan de atención humanitaria coordinado por la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, quien viajó hasta el puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador. Su objetivo: supervisar el proceso de recepción, garantizar condiciones dignas y verificar el cumplimiento de protocolos mínimos.

Hasta el corte más reciente, cerca de 450 colombianos ya ingresaron al país, mientras el resto permanece en los alrededores del puente, a la espera de pasar el control migratorio. Muchos no portan cédula, situación que ha agravado retrasos en el proceso.

El reto clave: la identificación de los expulsados

De los expulsados, sólo 348 cuentan con antecedentes judiciales completos. En consecuencia, la Cancillería solicitó formalmente a Ecuador la información restante, mediante nota verbal diplomática, para poder tramitar los procesos de identificación y atención legal.

En términos operativos, las autoridades colombianas, en conjunto con la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Ipiales, instalaron un Puesto de Mando Unificado, que coordina servicios de alimentación, alojamiento temporal y transporte hacia destinos finales dentro del país.

Según la Cancillería colombiana, Ecuador ejecutó esta deportación sin un protocolo bilateral acordado, lo cual fue calificado como un “gesto inamistoso”. Bogotá denunció que no se ofrecieron garantías para un traslado digno, ordenado y respetuoso de los derechos humanos.

Ecuador, por su parte, defiende que el procedimiento fue legal, notificó al consulado colombiano desde el 8 de julio, emitió resoluciones individuales con boletas de excarcelación, y adelanta toda la documentación “en apego al derecho internacional y a los principios del debido proceso”.

En lo legal, el Gobierno de Colombia ha advertido que quienes no posean antecedentes judiciales pendientes serán liberados automáticamente al ingresar al país. Por el contrario, aquellos con causas activas serán trasladados a la justicia colombiana en Ipiales, donde se decidirá su continuidad o su libertad

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